Un gran avance en la lucha por la igualdad de género en el país y en el libre derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, representa la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en Coahuila, consideraron activistas feministas en el estado.

Leticia Burgos Ochoa, coordinadora de la Red Feminista Sonorense, refirió que la invalidez al artículo 196 del Código Penal de Coahuila que sancionaba con prisión de 1 a 3 años a las mujeres que optaban por el aborto, tendrá repercusión en los demás estados de la república en los que los congresos locales no han tratado el tema.

Indicó que representa una gran sensibilidad de los ministros a la problemática de la violencia contra las mujeres que enfrentan todos los estados de la república, y principalmente el abuso sexual contra niñas y adolescentes, en el cual Sonora ocupa el segundo lugar nacional.

“Hemos ocupado el primer lugar en materia de embarazos no deseados, a nivel internacional la OCDE ubica a México como el gran problema de embarazos en adolescentes, y regularmente el embarazo en adolescentes, embarazos no deseados, están relacionados con violación. Entonces esto abre la puerta al derecho a la salud de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres”, expuso.

La posibilidad de discutir sobre la despenalización del aborto, dijo va a obligar a las instituciones de salud a alertar sobre la necesidad de que se haga efectiva la Norma 046 para la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que establece que los casos de violación son urgencias médicas y requieren de atención inmediata.

Silvia Núñez Esquer, activista feminista, señaló que la inconstitucionalidad de los artículos que prohíben el aborto en Coahuila representa un avance en el ejercicio de los derechos de las mujeres, principalmente a tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre cuando tener hijos.

“Las mujeres hasta ahora habían sido parcialmente propietarias de sus cuerpos, en el caso de la reproducción todavía es propiedad del estado, de los hombres, y de cualquier persona, o de cualquier ente, menos de ellas mismas. Entonces es un gran avance en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la libertad”, expresó.

Debido a que los códigos penales de los estados no pueden estar por encima de la Constitución Política de México, dijo que obligará a los diputados a actuar en consecuencia y reformar las constituciones locales.

A nivel nacional, la Ciudad de México fue la primera entidad en aprobar esta medida. Le siguieron Oaxaca, Hidalgo y, recientemente, Veracruz.