Sorprendente el que haya quienes se congratulan por la reaparición pública y en activismo, del exgobernador Guillermo Padrés Elías, le den la bienvenida y hasta le hagan genuflexiones, como si su depredadora gestión hubiera sido solo para el anecdotario y sus raterías inventos.
Para esos de muy flaca memoria y que sueñan con ese corrupto en calidad de tlatoani resucitado, vale recordarles que desde principios del 2010 comenzaron las denuncias de opacidad, irregularidades y tráfico de influencias en la operación del Programa de Uniformes Escolares gratuitos, política pública que podría ser considerada como la principal línea conductora de todo un esquema fraudulento y mafioso que operó hasta el 2014 para esquilmar al erario con alrededor de 15 millones de dólares.
Lo que son las cosas, por divulgar las múltiples denuncias en torno al arranque de ese fraudulento programa, Juana María Olguín, quien en esos tiempos conducía el noticiero de radio de mayor audiencia en Hermosillo, fue despedida por exigencia del pelón Morales y Javier Alcaraz, con la complicidad del STIRT, veto que persiste a más de 10 años de distancia.
Es que se habían otorgado licitaciones directas para la confección de los uniformes escolares a las empresas Sonora Apparel y Confección Industrial, propiedad de Mario Humberto Aguirre Ibarra y Javier Oviedo Casillas, que para el 2014 ya habían recibido casi mil 161 millones de pesos, de los cuales, alrededor de 300 millones fueron moches, que fueron a dar a una bolsa donde se acumularon otros ingresos mal habidos.
Incontrovertible el altero así de pruebas dadas a conocer por instancias judiciales sobre el tráfico de recursos financieros; depósitos en bancos gringos debidamente documentados en cuentas mancomunadas con su hermano Miguel; creación de empresas fachada en Miami y Holanda; sus transferencias, compra y venta de divisas para el blanqueo al estilo de las mafias del narco.
Luego, ante el temor que el fisco gringo les incautara o al menos inmovilizara esas cuentas bancarias, operaron el retorno de esos recursos al sistema bancario mexicano, para lo cual habían creado otra empresa fantasma, un Clúster minero donde una pobra mujer de Alamos fungía como la socia mayoritaria y luego fue puesta en su lugar en el proceso de pretender justificar que esos millones de pesos eran aportaciones de amigos del gobernador, decididos a invertir en sociedad con él.
Valga recordar que María Amanda Mendoza, humilde ama de casa convertida por venal notario en administradora única de ese clúster minero, luego de vender sus 500 acciones, a los pocos días falleció en condiciones extrañas.
El que la carísima defensa pagada por ese ratero haya atenuado las sanciones penales que merecía, no quita el que en términos generales se sepa que la fortuna ilícita que formó el exgobernador la intentó ocultar con más de 60 mil transacciones financieras en las que se vieron involucradas por lo menos 25 personas cercanas a él, así como 20 empresas utilizadas para circular el dinero.
En esas maniobras financieras participaron el “más rico de la familia” Miguel Padrés, el empresario del ramo farmacéutico y copartícipe del millonario quebranto del Isssteson, Francisco Monreal; otro empresario, este de Hermosillo, Mario Aguirre y Ernesto Alonso Castorena, empleado de gobierno de bajo perfil y principal prestanombres del entonces gobernador y también su hijo Guillermo Padrés Dagnino.
Va un breve cronograma de parte de la estrategia de cómo se hicieron mulas los pedros: Miguel Padrés, Castorena y Monreal, inyectaron en 2011 la cantidad de 8.8 millones de dólares a una cuenta de Estados Unidos, en el banco Wells Fargo, de la empresa Dolphinius, para desde esa cuenta hacer movimientos bancarios para intentar burlar a las autoridades financieras, como lo hicieron al transferir dicho monto al banco Morgan Stanley a una cuenta también de la empresa Dolphinius.
Ya en mayo del 2015, a pocos meses antes de dejar su encargo Padrés transfirió todo el dinero a otra cuenta del mismo banco, pero ahora a su nombre.
Y en ese mismo mes, movió de nuevo todo el dinero a una cuenta personal en el banco BBVA Compass, para días después hacer el cambio a moneda mexicana por 134 millones de pesos que fueron depositados a la cuenta de la empresa minera que habían inventado a exprofeso.
Ya con el dinero en el sistema bancario mexicano, fue redistribuido a las empresas familiares Toro Drilling, Pozo Nuevo de Padrés, además de los cuatro y medio millones de pesos de adelanto para el encargado de su defensa, el abogado Antonio Lozano Gracia.
Así las cosas, no es posible que se considere como algo bueno para el PAN el que ese bandido se mantenga leal a los principios y postulados de ese partido y que lo publiciten. ¿Qué ya se les olvidó que con recursos del erario construyó su propia presa para regar nogaleras en su rancho y que al verse descubierto destruyeron con dinamita su cortina o no recuerdan los perdones fiscales a empresas que provocaron un daño al erario por más de mil millones de pesos, de las cuales también recibió moches?
Las trapacerías están plenamente documentadas como para que contraten la tambora por ese retorno, cuando más bien lo que deberían de hacer es tomar distancia, sobre todo que las siglas del PAN tomen distancia de quien tanto daño les hizo.
A fin de cuentas, que con su PAN se lo coman, toda vez que luego de que el dirigente estatal Ernesto Munro, un día antes se congratuló y dio la bienvenida a su amigo y socio, este jueves dio a conocer que el próximo martes se publica la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal, en el marco de un cronograma que de no haber impugnaciones, para el 11 de diciembre ese partido tendrá nuevo líder en el estado.
El conductor de ese proceso interno es nada más y nada menos que Carlos Tapia Astiazarán, secretario de la contraloría del padrecismo y quienes han levantado la mano son Gildardo Real Ramírez, Humberto Souza, René Sotelo Anaya y Javier Dagnino.
En fin, ya se verá cómo incide en dicho proceso la irrupción del mencionado delincuente, a ese que ahora se atreven a considerar que fue difamado y que como plus cuenta con el soterrado apoyo de influyentes cuadros ya colgados a la ubre de la 4T en Sonora y el más encumbrado sin duda es David Alfonso González Morillas, uno de sus operadores financieros más importantes y que ahora es factor muy influyente en la recién estrenada administración de Alfonso Durazo Montaño.
A propósito de renovaciones partidistas, también por rumbos del PRI hace aire, toda vez que la gestión de Ernesto de Lucas Hopkins vence el 22 de octubre y ya anda acelerada la gallera frente a la posibilidad de que desde el CEN de ese partido lance la convocatoria correspondiente.
Por esos rumbos se mueven de forma abierta procurando posicionar sus aspiraciones David Palafox Celaya, Pascual Soto, Rogelio Díaz Brown, Bulmaro Pacheco, entre otros a los que se podría sumar Pedro Angel Contreras, aunque por rumbos del tricolor las cosas no lucen tan apresuradas.
Por lo demás, sería toda una chingonería que tal como lo comentara el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, se diera la conjunción de voluntades con el gobierno del Estado y la federación para ampliar a cuatro carriles la carretera Hermosillo-Bahía Kino, obra que por razones personales resultaría muy conveniente para el mismo gobernador, ya que como se sabe, es propietario de una residencia en ese destino turístico.
Pero además de dicho proyecto de indudable beneficio social, está el anuncio del mismo gobernador respecto a que también se ampliará a cuatro carriles la carretera Puerto Peñasco-Sonoyta, y que si se agrega el propósito de construir una carretera entre Guaymas y Chihuahua, pues representa un todo que si se logra, eso sí representará un logro histórico.
Por lo demás, aparte de puntos cosméticos como eso de poner otro lema más en la sala de plenos o un posicionamiento sobre el 2 de octubre que ocurre todos los años, hubo asuntos importantes y concretos en la sesión de este jueves de la 63 Legislatura de Sonora.
Por fin hubo acuerdo y quedaron integradas 19 de las 28 comisiones de dictamen legislativo, quedando pendientes las más estratégicas, y entendemos porqué la demora, ya que luego de la contrarreforma a disposiciones de mediados del 2018, aún no está en vigor el que integrantes de una sola bancada puedan presidir varias comisiones y por eso no se han definido las de Gobernación y Puntos Constitucionales, la de Hacienda, Administración, la Justicia y de Derechos Humanos, la de Comunicación y Enlace Social, Transparencia, Indígenas, entre otras.
Ya debe haber acuerdos solo que se está bordando lo finito para que ese paquete quede listo a más tardar en la sesión del próximo martes, pero por lo pronto ya hubo designaciones en los casos de 18 en donde asumen responsabilidades por ejemplo el Pato de Lucas preside la de Ciencia y Tecnología; Karina Zárate preside la de la Niñez, adolescencia y juventud; Beatriz Cota, Educación; Hiram Solís, Agricultura y ganadería; Pesca y Acuacultura, Alma Higuera; Obras y Servicios públicos, Armando Gutiérrez; Salud es presidida por Oscar Castro.
También, Próspero Valenzuela encabeza la comisión de Minería; Margarita Vélez, la de desarrollo Social; Transporte, Claudia Bours; Asuntos Fronterizos, Azalia Guevara; Fomento Económico, Alicia Gaytán; Rosa Elena Trujillo, Igualdad de Género; Sebastián Orduño, la del Trabajo; Paloma Terán, Seguridad Pública; Energía y Medio Ambiente, Brenda Lizeth Córdova; Ricardo Lugo, Deporte, y Jorge Russo quedó como presidente de la Comisión del Agua.
Sin salirnos de por esos rumbos, excelente y de gran calado el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Sonora, presentada por la diputada Ely Sallard en la sesión del martes, que establece disposiciones y mecanismos con el fin de brindar cuidados integrales al adulto mayor en situación de riesgo.
Se trata de dar atención personalizada a través de los DIF municipales y de la instancia estatal, en sicología, asistencia médica, higiénica y jurídica, a través de facilitadores que determinarán el tipo o los tipos de servicio requiere la persona atendida y hacer las gestiones necesarias para su protección.
