Se dice que la forma más pronta para llegar de un punto a otro es la línea recta, aunque en materia legislativa al parecer no es así y prefieren los recovecos, etapas, mensajería y parafernalia para darle curso a un asunto tan importante como lo es el nombramiento de auditor o auditora mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.  

No lo percibimos a cabalidad cuando a vuelo de pájaro revisamos los términos de la convocatoria en sus puntos finales, pero el caso es que no será la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado la instancia que elabore y proponga al pleno el dictamen de los perfiles mejor posicionados de aspirantes, para que de entre ellos o ellas emerja como titular de dicho organismo autónomo.  

Tenemos muchos años en la cobertura de temas legislativos y eso permite que nos extrañe que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política asuma las facultades de dictaminación de la comisión de Fiscalización y más extraño aún, que el órgano de trabajo que preside la diputada Natalia Rivera Grijalva, en este proceso solo será como una ventanilla de partes, una especie de mensajería o una instancia protocolaria, según lo establecido por la convocatoria.  

Miren, este martes son las comparecencias de las y los ciudadanos aspirantes registrados, Marco Antonio Celaya, Eleazar Acosta Enríquez, Ricardo Romero Sobarzo, José Federico Cota, Beatriz Elena Huerta, Eduardo Iván Estrada, Mario Arvizu Real, Ali Becerra Dessens, Alfonso Humberto Ruelas, Karla Ornelas Monroy, Manuel Alaniz Rivera, Patricia Eugenia Argüelles, Rosalva Díaz Kirk y José Othón Ramos Rodríguez.  

El poder de la CRICP

Las entrevistas son a partir de las diez de la mañana en la sala de comisiones de la Cámara de Diputados, ante la comisión de fiscalización que preside Rivera Grijalva, que está integrada por Diana Karina Barreras, Oscar Eduardo Castro, Ernestina Castro, Ricardo Lugo, Fermín Trujillo y Rosa Elena Trujillo, cuya función será simplemente recabar datos de las y los comparecientes y “remitirlas opiniones obtenidas a la CRICP, a efecto de que puedan realizar un estudio y análisis de las y los ciudadanos que aspiran al cargo”, establece la convocatoria.  

De acuerdo a la técnica parlamentaria a lo mejor se obliga a ese recoveco, aunque no entenderíamos porqué, ya que en todo caso, es lógico pensar que lo simple, directo y la línea recta, sería que quienes integran la CRICP, fueran ante quienes comparezcan quienes argumentarán los motivos para aspirar a ser Auditor Mayor del ISAF y no ante la comisión de fiscalización, para evitarles que parezcan una simple oficialía de partes.  

O bien, que al menos asistan a las comparecencias quienes integran la superpoderosa CRICP que preside la diputada Ernestina Castro Valenzuela acompañada de Claudia Zulema Bours Corral (Verde), Ernesto De Lucas Hopkins (PRI), Alejandra López Noriega (PAN), Sebastián Antonio Orduño (PT), Fermín Trujillo (Panal), Rosa Elena Trujillo Llanes (MC), y la diputada del PRD, Alma Higuera, con solo derecho a voz.  

Pero no, ya que en función de lo que les remita la Comisión de Fiscalización sobre los posicionamientos de aspirantes al ISAF en las entrevistas o comparecencias, “la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política llevará al Pleno el documento que contiene el Acuerdo para la designación de la o el ciudadano que ocupará el cargo Auditor o Auditora Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en la sesión extraordinaria a realizarse el próximo siete de junio del presente año”.  

Ernestina Castro

En los anteriores procesos de selección de integrantes de organismos autónomos, resulta evidente la tendencia de que la selección ha favorecido a perfiles afines al partido oficial y al gobierno estatal y en este caso deberá ser igual como siempre ha ocurrido y ahora y sin necesidad de simular tabuladores de medición para calificar y determinar a la o al más adecuado.  

Ya cumplida la función de receptora, la comisión de fiscalización deja de tener parte en el proceso ahora exclusivo de la CRICP, instancia que seleccionará a seis de los 14 aspirantes, para que de esa media docena, respetando el principio de paridad de género, someter a consideración del Pleno en sesión extraordinaria a celebrarse el próximo 7 de junio, durante la cual cada aspirante será sometido a votación en lo individual y el que alcance las dos terceras partes será titular del ISAF por siete años.  

En fin, en nuestro caso sólo pretendemos destacar cómo es que a una comisión dictaminadora se le despoja de sus facultades de dictaminación y se cede tal prerrogativa a otra comisión cuyas facultades son meramente políticas, reconociendo así que más que técnicas, las funciones del ISAF serán políticas.  

Cierto que estas formas de selección no son determinadas en la instancia legislativa, ya que la tradición enseña que luego de tales funciones a cargo de la Secretaría de Gobierno por muchos años, desde el 2015 pasaron a ser responsabilidad de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, ahí donde ahora las manda cantar un experto en esos menesteres, nuestro amigo Adolfo Salazar Razo.  

Adolfo Salazar

Mientras tanto, si bien las etnias fue el eje temático más importante de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana por Sonora, lo más significativo dado su impacto generalizado, fue la firma del convenio que concentra, centraliza y federaliza el sector salud de la entidad, pasando al dominio del Gobierno federal toda la infraestructura sanitaria, así como la responsabilidad de los servicios de salud, a excepción del ISSSTESON y el ISSSTE.  

Todo ese sector pasa a cargo de la inventada figura IMSS-Bienestar, en lo que representa una etapa más de las ocurrencias que tienen devastado a dicho sector desde la desaparición del Seguro Popular y la irrupción del fantasmal INSABI que acabo resultando un fiasco, con desafortunadas decisiones que mantienen el desabasto de medicamentos.  

Para que se den una idea, de acuerdo al titular del IMSS, Zoé Robledo, pasan al dominio federal alrededor de 340 unidades médicas y 20 hospitales, infraestructura a la que se le meterá una inversión de casi dos mil 300 millones de pesos para resolver un déficit de personal de mil 287 médicos, 785 generales y 502 especialistas, en tanto que en términos de personal de enfermería se requieren dos mil 751 personas y 96 paramédicos, así como la dotación de equipamiento como Rayos X, Tomógrafos, camas hospitalarias, mesas quirúrgicas y equipo básico indispensable, como estuches de diagnóstico o estetoscopios.  

En cuanto a infraestructura, se prevé fortalecer la seguridad en el primer nivel de atención y en el segundo nivel hacen falta residencias, Unidades de Cuidados Especiales para Neonatos, peines de laboratorio, entre otros y se supone que dichos recursos serán aplicados en lo inmediato, como cambalache del despojo sufrido por el sector salud de la entidad.  

Zoé Robledo

Tratándose del fin mayor que no es otro que garantizar el acceso gratuito a los servicios de salud a toda la gente de Sonora, así como gratuito el surtido de recetas, venga con gusto esa centralización, que además significará sustanciales ahorros para el erario estatal, quedando pendiente el que el IMSS haga lo suyo en la prestación de servicios de calidad, que como se sabe no es lo suyo.  

Seguramente muchas de las dudas que tenemos sobre este tema serán aclaradas este martes en el encuentro con medios que tendrá el gobernador Alfonso Durazo Montaño, al reseñar los frutos de la gira presidencial, que en el caso de las etnias todo se centró en anuncios, compromisos y buenos propósitos, actualizando los anuncios, compromisos y buenos propósitos de la anterior gira presidencial con yaquis y seris, agregando a mayos y guarijíos a los llamados planes de justicia.  

En la cobertura informativa de tantos años, debemos reconocer que nunca como en estos tiempos las etnias han sido tomadas tanto en cuenta por el gobierno federal, que desde la perspectiva estatal los sucesivos gobiernos hay tratado de construir soluciones a la medida de sus limitadas capacidades presupuestales y ojalá que ese impulso de ahora, todos esos anuncios y compromisos de ahora concluyan con hechos concretos, cuando vemos que las cosas no marchan a la velocidad que se percibe por la vehemencia y algarabía del presidente y como ejemplo está el caso de la tribu yaqui, que a casi tres años de haberse anunciado ese plan de justicia los hechos son incipientes.  

En materia de anuncios hay un altero así de cosas positivas que arrojó la gira presidencial y ahora habrá qué esperar que se concreten, en tanto que de lo negativo están los innecesarios exabruptos de un López Obrador iracundo, intolerante y medio idiotizado por su rechazo a cualquier crítica a sus decisiones, además de la estrategia de simulación que impone la presidencia en su interacción con representantes de medios de comunicación, sin que nada se pueda hacer al respecto.  

Alfonso Durazo Montaño

En lo que respecta a plazos y fechas que el propio presidente puso en materia de resultados, de plano creemos que ocurrirá lo mismo que con la conclusión de la carretera de cuatro carriles en su tramo Ímuris-Nogales, tema que permanece inalterable desde principios del 2019, al igual que en el caso del Hospital de Especialidades, ya un par de veces inaugurado y cuya puesta en operación está atorada por inexplicable errata en las instalaciones eléctricas, cuya reparación requerirá un gasto de casi 100 millones de pesos, sin que nadie informe sobre las garantías y fianzas que obliga a las empresas a cubrir dichas fallas ocultas.