HAMBRE Y SED PERENNE DE JUSTICIA. La reforma al Poder Judicial Federal 2024.
Breve ensayo. Segunda parte.
Héctor Rodríguez Espinoza
VI.- APOYO DEL OFICIALISMO. Expresa que el 2 de junio, 36 millones de ciudadanos con derechos les dijeron NO a las élites con décadas en el poder, como la empresarial. Se rechazó a una forma de proceder, a una escuela torcida de hacer política, a núcleos intelectuales, mediáticos, académicos y empresariales que han intervenido en elecciones para imponer a sus favoritos.
VII.- PREOCUPACIÓN DE MERCADO. La reforma judicial abrazada por la presidenta electa sacudió los mercados financieros, ven con desconfianza una enmienda que echará a la calle a unos 1.647 magistrados y jueces en funciones a partir de 2025, para reemplazarse por elegidos en urnas. A nivel de política interior, con mayoría oficialista en el Congreso capaz de reformar la Constitución y con una oposición reducida a mínimos históricos, se han alzado dudas de qué rol tendrá la Suprema Corte en su función de velar por la Carta Magna y equilibrar los poderes Legislativo y Ejecutivo conforme a la lógica republicana.
VIII.- CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN. María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, denunció ser víctima de discriminación durante los ‘Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial’, se le impidió hablar, a pesar de ser invitada.
“La voz de las mujeres incomoda y es sistemáticamente silenciada. Sin embargo, nunca nos han callado, ni lo harán”, afirmó.
Leo Zuckerman, entre otras objeciones, comparte:
La American Bar Association (ABA), fundada en 1878, que agrupa a más abogados en la Unión Americana de manera voluntaria y es su voz, expone las razones de por qué se opone a la elección de los jueces en los estados:
(i) “La administración de justicia no debe depender del resultado de concursos de popularidad, ya que un buen juez es aquel que es lo suficientemente independiente como para defender la ley de forma imparcial, independientemente de su popularidad;
(ii) “El nombramiento inicial reduce la influencia corrosiva del dinero en las elecciones judiciales al evitar a candidatos la necesidad de solicitar contribuciones de personas con intereses potenciales en los casos que aquellos decidirán más tarde;
(iii) “El costo de llevar a cabo campañas judiciales excluye de candidatas viables a aquellas con medios financieros limitados que carecen de acceso a contribuyentes con recursos financieros significativos; y
(iv) “La necesidad de solicitar contribuciones y ser presionadas públicamente para tomar posiciones sobre asuntos que más tarde tendrán que decidir como jueces o juezas, desalienta a muchas personas capaces y calificadas de buscar un cargo judicial”.
Kate Berry, jurista, New York University School of Law, Assistant Federal Public Defender, en el ensayo académico How Judicial Elections Impact Criminal Cases (¿Cómo las elecciones judiciales impactan los casos penales?) divulga:
• “Cuanto más frecuentemente se transmiten anuncios de TV durante una elección (de jueces), es menos probable que los jueces de la Corte Suprema estatal, en promedio, fallen a favor de los acusados.
• “Los jueces de primera instancia en Pensilvania y Washington condenan por delitos graves a penas más largas, cuanto más cerca estén de la reelección.
• “En los estados que cuentan con jueces elegidos, cuanto más apoye el público la pena capital, más probabilidades habrá de que los jueces de apelación la confirmen.
• “En los 37 estados que conocieron casos capitales en los últimos 15 años, los jueces designados revocaron sentencias de muerte 26% de las veces, los que enfrentaban elecciones de retención revocaron 15% y los que enfrentaron elecciones competitivas, 11 %.
• “Los jueces de primera instancia en Alabama anulan los veredictos del jurado que sentencian a los acusados criminales a cadena perpetua y en su lugar imponen muerte con mayor frecuencia en los años electorales”.
En Estados Unidos, el Poder Judicial federal puede revertir las decisiones de los jueces locales que, está comprobado, responden más al clamor popular que a la ley. La diferencia es que los jueces, magistrados y ministros federales no son electos, sino designados por un proceso político donde interviene el Presidente y el Senado.
En México, de prosperar la reforma de López Obrador no habría esta posibilidad, porque los jueces, magistrados y ministros serían, todos, elegidos por voto popular.
IX.- MENSAJE DE LA PRESIDENTA NORMA PIÑA. Por primera vez en meses, la presidenta de la Suprema Corte dio un breve mensaje público en torno a la polémica reforma. En video a los trabajadores de la judicatura, con dudas del impacto en su vida la radical enmienda. “Vivimos momentos llenos de incertidumbre”. “Ante la iniciativa estamos trabajando incansablemente, dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales”, sin aclarar cuáles “instancias”.
Sostuvo que los trabajadores son “el sustento” y “el motor” de la judicatura. “Es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México”, como “un mensaje de unidad y empatía”. A nivel federal, el Poder Judicial lo integran unas 55.000 personas, desde los más altos jueces hasta proyectistas, secretarios y empleados. “Nuestros principios y valores son el pilar que sostiene y sostendrá al Poder Judicial de la Federación, y es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional: hacer valer los derechos de los mexicanos y el equilibrio de poderes”, que ha agradecido a los trabajadores por “su dedicación y compromiso con la justicia”. “Los invito a actuar con integridad y convicción”.
El video antecedió a la conferencia de prensa de la presidenta electa, que aseguró que la reforma no afectará “de ninguna manera” los derechos laborales de los empleados. “Tengan tranquilidad”. “Esos [derechos] permanecen intactos, tengan certeza”. Les pidió participar en el parlamento público. “Sería importante, y ya, si es necesario, platicar con nosotros. Aun cuando estamos en transición, tenemos un gobierno. Es importante que platiquen con el gobierno del presidente, a través de Gobernación y, si es necesario, los recibimos”.
La presidenta concedió una entrevista a El País. Minimiza las diferencias personales y acepta que los jueces deben mejorar, pero que "la justicia empieza desde el policía" y desde "el fiscal". Avisa que la Suprema Corte tiene meses trabajando en una propuesta de reforma integral que incluye a jueces, policías, ministerios públicos y fiscalías.
X.- DIÁLOGOS NACIONALES. ¿QUÉ PODER JUDICIAL TENEMOS Y QUEREMOS?
La insólita comparecencia de los jueces más importantes en el Congreso fue un triunfo para López Obrador, que durante meses ha cuestionado la labor del Poder Judicial y llevado a la discusión pública el método por el que debieran ser elegidos; ha acusado que en la judicatura anidan la corrupción y los tratos con intereses económicos, y defendido que se curaría si los ciudadanos los eligiesen en las urnas (hoy sujetos al sistema meritocrático de la carrera judicial). “Creo que lo fundamental es que se lleve a cabo la reforma y que el pueblo participe en la elección, tiene un instinto certero, es sabio, prefiero que lo sea a las cúpulas las que decidan; porque un juez electo por el pueblo va a saber que está ahí porque el pueblo lo eligió, los ciudadanos y su amo va a ser el pueblo, y va a actuar con libertad”.
El ministro Javier Laynez Potisek, n. en 1959, doctorado en Derecho Público, Universidad de París. En 1994 (desde 1992), Director de Normatividad SEP. En 2015, Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, propuesto como ministro por el presidente Felipe Calderón. Expresó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) “enfrente fallas, carencias y problemas y que debemos de resolverlas y atenderlas”.
“Discúlpenme, con todo respeto, pero me rehúso a creer que, 30 años después, este sistema solo haya traído corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. Sigo convencido que la mayoría de los juzgadores, así como los demás integrantes de la carrera judicial, actuarios, oficiales secretarios, son mexicanos mayoritariamente honestos, competentes que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia”, expresó.
Destacó el trabajo realizado por ejemplo “los jueces en Tijuana que trabajan sin horarios, ni descanso, para atender los amparos promovidos por migrantes que se duplicaron este año”. Reconoció la “incapacidad” del Poder Judicial para comunicarse con la sociedad. Consideró, sin embargo, que la elección por votación popular “no es la solución”. “Temo que pueda agravar drásticamente estos problemas. Por supuesto que quienes resuelven los asuntos jurisdiccionales se deben al pueblo, sin embargo, el compromiso con la ciudadanía implica que el juez actuará con total imparcialidad y en estricto apego únicamente a la ley.
“El método de elección popular por definición y naturaleza busca generar un compromiso con el elector (…) es la esencia, el cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar porque, es inevitable, comprometería la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción de conflicto de interés. ¿Cuál es el aliciente para un juez prepararse, especializarse para su ratificación y la permanencia, si conoce de antemano que su reelección y ascenso depende de la contienda electoral?”.
Ministros Jorge Pardo, Juan González Alcántara y Yasmín Esquivel ,se pronunciaron contra la destitución de tajo de los más de 1.600 jueces y magistrados, y pidieron que las vacantes que vayan quedando naturalmente, por jubilación, muerte o renuncia, se ocupen paulatinamente por los nuevos electos.
López Obrador calificó como “un gran avance” que desde el Supremo se acepte el voto popular como método. Y, aunque concedió la implementación gradual, ha pedido que no haya demasiados procesos electorales. “Mi opinión, por gasto, es que no se esté haciendo una elección cada seis meses, si se puede hacer una sola, que se dé tiempo, sobre todo para que la gente tenga toda la información, que se conozca bien la historia pública de los jueces o aspirantes”. Ha concedido que su ambiciosa reforma se implemente de manera gradual. Un giro importante en su discurso, que en los últimos días fue contundente en su posición de que la enmienda se aprobara tal como la envió al Congreso. Su texto indica que los 11 ministros, con otros 1.600 jueces y magistrados federales, deben dejar el cargo de golpe para su reemplazo por nuevos juzgadores elegidos en las urnas a partir de 2025.
“Me da mucho gusto que estén participando los ministros, los magistrados, dialogando, debatiendo; aceptando que hace falta la reforma, es un avance digno de reconocimiento. Ahora, los cómo, las formas, con el diálogo se puede llegar a acuerdos”, que en septiembre concluirá su sexenio y entregará la banda presidencial. Sobre el relevo paulatino de los jueces. “No me opongo”, aunque advierte: “Nada más que tampoco, hablando en términos jurídicos o legales, o del argot de los abogados, no aplicar la táctica dilatoria, no aspirar a que se vaya el tiempo”.
XI.- LA SOBRERREPRESENTACIÓN COMO PREÁMBULO. El destino de la reforma judicial tiene como preámbulo la decisión del árbitro electoral sobre la sobrerrepresentación que exige Morena y pesará la voluntad del Presidente en funciones y de la electa. Está en juego algo más que la renovación del Poder Judicial.
Luis Carlos Ugalde: “Si AMLO quiere que se limpie de corrupción al Poder Judicial, debe revisarse el papel de las policías, de los ministerios públicos y de los poderes judiciales locales en el proceso global de impartición de justicia e intromisión indebida de gobernadores que corrompen los procesos judiciales”. Para ser juez, magistrado o ministro se requiere larga carrera judicial y conocimientos altamente especializados.
Jesús Silva Herzog Márquez: La encuesta fue un ejercicio sin sentido, no le brindó a nadie información relevante. Lo relevante es el retrato que Sheinbaum hace de sí misma convocando después de ganar la elección. 1.- En primer lugar, exhibe su inclinación a engañar. Si su equipo hubiera preguntado sobre las prioridades de la gente, habría puesto en claro que elegir a los ministros será la obsesión del caudillo, pero no prioridad de nadie más. Ninguna medición registra que a la sociedad mexicana le urja votar por su ministra o que sienta impaciencia por disciplinar a los jueces que heréticamente discrepan de la mayoría. 2.- La encuesta retrata a una política que rehúye la responsabilidad de argumentar y de decidir. En los números de la desconfianza que presentan las encuestas estaba la razón suficiente para la reforma y la fuente última de la decisión. Si la gente quiere esto, no hay nada más que discutir. La decisión está tomada. No son necesarios los argumentos. Antes de asumir el poder, Claudia Sheinbaum avisa que su política no da razones.
XII.- EN EL FORO. Habría consenso de que la reforma judicial que México necesita, en lugar de elegir jueces por voto popular, debe centrarse en una que realmente transforme la justicia:
1. Fortalecer instituciones locales: Mejorar los juzgados de primera instancia, defensorías públicas, agencias del MP y juzgados cívicos, que sean accesibles y eficientes.
2. Acceso equitativo a la justicia: Garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su condición económica, puedan defender sus derechos.
3. Simplificar y agilizar procesos judiciales: Eliminar burocracias y formalidades excesivas para que la justicia sea rápida y efectiva.
4. Transparencia y eficiencia: Reformar las instituciones para que funcionen con transparencia, reduciendo la corrupción y la arbitrariedad.
Un México donde:
- La justicia proteja a todos, no solo a quienes pueden pagar un buen abogado.
Ana Laura Magaloni Kerpel (REFORMA, 13 julio 2024). Nunca estuvo tan cuestionada la legitimidad del Poder Judicial federal y de la abogacía de élite, en cuyo mundo es sencillo ponerse de acuerdo en las calamidades posibles que esconde la reforma: equivocada, en riesgo la independencia judicial. Sin embargo, le es mucho más complicado observar en su correcta dimensión las asignaturas pendientes del sistema e involucrarse en su solución.
Que la reforma no sea la correcta no quiere decir que no se necesite. Su centro: ¿por qué se duelen y tienen una mala opinión del sistema de justicia la mayoría? ¿de qué tamaño es la demanda de justicia insatisfecha y qué la explica?
Tal y como funciona, amplios sectores viven al margen de cualquier forma de protección de la ley; no pueden pedirle a un juez que garantice sus derechos frente al atropello y el abuso de otros. Lamentablemente, aunque elijan a los jueces, la reforma judicial no les va a mejorar el acceso a la justicia.
Las principales barreras no tienen que ver con la justicia federal; radican en instituciones locales: juzgados de 1° instancia, defensoría pública, agencias del MP y juzgados cívicos (y Tribunales superiores de justicia.) Funcionan para hacer sentir que la aplicación de la ley es arbitraria y caprichosa, que el castigo no se apega al sentido común y menos a uno de justicia y que, para evitar injusticias, hay que pagar dinero y contar con un buen abogado. Sólo quien los tiene para defenderse puede evitar la arbitrariedad. Lamentablemente, año con año, muchísimas personas quedan atrapadas en esa telaraña. No entiendo cómo estos gravísimos e históricos problemas no están en el centro de la reforma de Morena. Cuántas cosas podrían cambiar si la inmensa mayoría -y no sólo quienes tienen dinero- pudiesen experimentar en su vida cotidiana que, frente al abuso de otros, el sistema l@s protege de manera ágil y sencilla, sin barroquismos y formalidades. Sin embargo, sigue siendo la agenda de justicia invisible hasta hoy.
Presidente Andrés Manuel López Obrador: “Nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma nuestra iniciativa. Si se va a mejorar y se va a enriquecer pues adelante”; en la redacción se le pasó quitar el candado de 5 años de experiencia para los abogados que quieran participar y “estoy en contra de eso; sin embargo, … Soy más partidario de que un hombre y una mujer que se titula como abogado sale con mucho entusiasmo de hacer valer la ley”; “al tener más años de experiencia los jueces aprenden “otras cosas” que no tienen que ver con la mera aplicación de la Constitución y por eso prefiere que no exista ese candado en la iniciativa.” “Ya cuando va pasando el tiempo a los 5 años, ya no hablemos de los 10 años, ya saben pero bastante, pero ya perdieron la mística. La fueron quedando en el camino y aprendieron otras cosas que no se necesitan”.
A los jueces, magistrados y ministros. "Es un asunto de libertad, de voluntad, pero si no quieren someterse al escrutinio público en un sistema político democrático, pues ya desde antes hubiesen abandonado su cargo voluntariamente. Y no hay que tenerle miedo al pueblo, ni a las reformas, y no hay que aceptar chantajes, no pasa nada, nada, nada, el pueblo de México es muy responsable [...] para limpiar de corrupción el Poder Judicial, para que no dejen en libertad a presuntos delincuentes de la delincuencia organizada y de cuello blanco, ese es el fondo. Y los sueldos", dijo.
FIN. ¿HUMANISMO JUDICIAL MEXICANO? El senado deberá cerrar y solucionar, políticamente, este mega diferendo y asumir su dignidad republicana. Una solución que cristalice la INDEPENDENCIA JUDICIAL. Que prevenga, combata y castigue las proverbiales malas prácticas militares y policíacas, ministeriales, jurisdiccionales, hasta las penitenciarias. Aprovechemos esta coyuntura post electoral e inminente final de la administración pública de AMLO 2018-2024 e inicio del de Claudia Sheimbaum del sexenio 2024-2030 atendiendo, en la reforma propuesta, los apasionados debates abiertos, amplios y profundos, que citaron a renombrados especialistas del Derecho Constitucional Comparado (fuera de toda sospecha), para establecer y ensayar un nuevo método y modelo nacional de elección de jueces. Que le sirva al pueblo pobre, una democracia ejemplar en la cultura jurídica occidental, como ha sido nuestra prestigiosa política exterior. ¿Resultado? Juzgador@s con imparcialidad, independencia y autonomía plenas, profesionalismo y un alto nivel de honestidad y ética.