El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó este martes una ofensiva sin precedentes contra el sistema financiero mexicano al emitir órdenes contra tres instituciones financieras del país: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Según la Oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), estas entidades habrían facilitado operaciones de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo y los Beltrán Leyva, vinculadas con el tráfico ilícito de opioides, especialmente fentanilo.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Las medidas incluyen la prohibición de ciertas transferencias de fondos relacionadas con estas instituciones, que en conjunto manejan activos por 22 mil millones de dólares.
En respuesta, la Secretaría de Hacienda mexicana, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), informó que inició una revisión a las tres entidades. Hasta ahora, señaló Hacienda, las auditorías han identificado únicamente irregularidades de tipo administrativo, sancionadas con multas que suman 134 millones de pesos. “No contamos con información que pruebe actividades ilícitas. De existir, actuaremos con todo el peso de la ley”, aseguró la dependencia.
La investigación del Tesoro detalla operaciones específicas. En el caso de Vector, un operador del Cártel de Sinaloa habría lavado más de dos millones de dólares entre 2013 y 2021, y realizado pagos por más de un millón de dólares a empresas chinas ligadas al envío de precursores químicos. Respecto a Intercam, el reporte indica que en 2022 altos ejecutivos se reunieron con presuntos integrantes del CJNG para discutir mecanismos de lavado, incluyendo el uso de fondos provenientes de China. Y en el caso de CIBanco, se rastrearon más de 40 transferencias vinculadas con el envío de drogas o químicos entre 2012 y 2024.
Las tres instituciones han negado las acusaciones. Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de López Obrador, sostuvo que las operaciones observadas por el Tesoro son transacciones legales con empresas constituidas en regla. “Operamos con los más altos estándares regulatorios y estamos dispuestos a colaborar plenamente con las autoridades mexicanas y estadounidenses”, señaló.
El caso ocurre en un contexto de creciente presión por parte de Washington sobre México en su lucha contra los cárteles del narcotráfico. Apenas en mayo, representantes del Tesoro se reunieron con los principales banqueros del país en la Convención Bancaria en Nayarit, para advertir sobre los riesgos de lavado de dinero y la necesidad de blindar el sistema financiero nacional.
Las sanciones anunciadas este martes representan una escalada en esa estrategia y colocan bajo escrutinio internacional a tres actores clave del sector financiero mexicano. Mientras tanto, las investigaciones y consecuencias legales en México aún están por verse.
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