Bulmaro Pacheco

Domingo 2 de agosto de 2026

Fue en 1968, con su crisis política, cuando un sector importante de la clase política —y también una parte de la opinión pública del exterior— empezó a dudar de la viabilidad política de una nación que, durante décadas, había dado muestras de paz social y gobiernos estables.

El conflicto estudiantil y popular de 1968 no tuvo un final feliz. Hasta la fecha no sabemos el número exacto de muertos ocasionados por la represión policiaca en los edificios de la Unidad Habitacional Tlatelolco. Lo que sí quedó claro fue la desesperación del gobierno -vinculada con su incapacidad para entender a fondo el problema- por tratar de resolver un conflicto político que lo había rebasado, después de que fracasaran todos los intentos de negociación entre los funcionarios gubernamentales y los representantes del Consejo Nacional de Huelga.

Ante la falta de comprensión del problema estudiantil, que no azotaba solamente a México, sino que también se presentaba en Europa, en algunas partes de Estados Unidos y en América Latina, empezaron a inventarse teorías de la conspiración. Lo mismo se involucraba a los partidos comunistas que a quienes, según se decía desde el gobierno, pretendían boicotear los Juegos Olímpicos que se celebrarían en México a partir de octubre de 1968. Fue la primera torcedura.

El fenómeno era explicable y tenía sus razones. Hacía pocos años que la televisión había irrumpido en el mundo y en México para informar a la gente sobre los problemas de otras naciones y los conflictos sociales asociados con los cambios demográficos y educativos.

La Revolución cubana tuvo un fuerte impacto en América y en el resto del mundo, y emocionó a no pocos jóvenes.

También influyeron el acceso masivo de los jóvenes a las instituciones de educación superior, sin la seguridad de obtener un empleo estable; las crisis vividas en esas casas de estudios; la expansión de las clases medias, que traían consigo otra concepción de la vida, la política y el sistema; la creciente influencia de los medios de comunicación masiva; la falta de mecanismos de participación política, y los conflictos postelectorales que en México ya marcaban un rumbo.

Ante la crisis, el gobierno reformó la Constitución para reducir de 21 a 18 años la edad requerida para votar.

Antes, en 1953, se había reconocido constitucionalmente el derecho de las mujeres a votar y ser votadas; derecho que ejercieron por primera vez en una elección federal en 1955. Con ello se amplió la base electoral del sistema y se buscó una mayor participación en las elecciones.

Faltaba el tema de los partidos políticos. En 1968 solo funcionaban cuatro: PAN, PRI, PPS y PARM.

El PAN entró en crisis en 1975 cuando por conflictos internos no pudo postular candidato presidencial. A partir de la reforma de 1977 se permitió la incorporación de nuevos partidos políticos y se creó una nueva legislación electoral.

Se continuó con el proceso iniciado con la reforma de 1963 y la figura de los “diputados de partido” fue sustituida por el sistema de representación proporcional. Se legalizó el Partido Comunista Mexicano, que después evolucionó hacia el PSUM, el PMS y al final PRD. Las oposiciones empezaron a tener representación en las cámaras federales y locales, así como en los ayuntamientos, donde comenzaron a ganar elecciones municipales, principalmente el Partido Acción Nacional.

El sistema se distendió, se flexibilizó y la pluralidad empezó a aterrizar en la realidad política y social. De esa manera se garantizó, durante un tiempo, la paz en los procesos electorales.

La segunda torcedura se presentó en 1988, con la llamada “caída del sistema” y una elección presidencial muy cuestionada, que obligó al gobierno a impulsar nuevas reformas para enfriar el conflicto y prolongar la viabilidad del sistema.

La tercera torcedura llegó con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en 1994. Muchos se alarmaron y pensaron que el sistema ya se había agotado en aquel año terrible. La elección de Ernesto Zedillo como presidente registró la participación electoral más alta alcanzada hasta entonces—y que no ha podido ser igualada ahora—: casi el 78 por ciento.

Vinieron las reformas de 1996 y el sistema volvió a ampliarse cuando el PRI ya había perdido varias gubernaturas. Posteriormente perdería la Ciudad de México, la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y la elección presidencial del año 2000.

Algunos quisieron ver nuevas torceduras con la victoria del PAN y de Vicente Fox, y posteriormente con la cuestionada elección de 2006 y el triunfo de Felipe Calderón. No fue así. Las instituciones políticas resistieron y las reformas constitucionales introdujeron una mayor capacidad de respuesta institucional ante los problemas de nuevo cuño.

Así y con un mayor número de partidos políticos, se desarrollaron en paz los procesos electorales de 2012 y 2018.

La cuarta torcedura de México comenzó con la llegada al gobierno de la llamada 4T. ¿Las razones? Algunas han sido explicadas sobradamente y se encuentran aterrizadas en las nuevas realidades.

Primero, un mal diagnóstico de los grandes problemas de México, porque se puso por delante la ideología de los integrantes del nuevo gobierno, negando los avances y desconociendo lo realizado hasta entonces. Cero continuidad y mucha regresión, con obras caras y poco viables.

Después, el resurgimiento de vicios que ya se habían combatido mediante reformas incorporadas al sistema: el nombramiento de numerosos familiares en tareas oficiales, reviviendo el nefasto nepotismo en el servicio público; la improvisación de funcionarios para desempeñar tareas administrativas —90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de capacidad—, y la interrupción de programas y proyectos gubernamentales que ya habían demostrado su eficacia o viabilidad: el Seguro Popular, el aeropuerto de la Ciudad de México, la reforma educativa, la reforma judicial, el control de la deuda pública —hoy incontrolable— y las guarderías, entre otros.

También, la concentración de los poderes constitucionales en el Ejecutivo, mediante procedimientos amañados en el Poder Legislativo, así como el desmantelamiento de reformas efectivas del Poder Judicial para construir un poder a modo y parcial, mediante la elección de sus integrantes. Eso fortaleció la presencia de la delincuencia organizada en el territorio.

Además, la cerrazón política, ignorando de punta a punta a los adversarios y a quienes piensan de manera distinta a la línea oficial; la ausencia de diálogo político con la diversidad de México, y otros problemas que hemos padecido durante los últimos años.

Se trata de la torcedura más costosa de cuantas se han vivido y experimentado en México durante los últimos 58 años.

A diferencia de Nicaragua y de otros regímenes que han involucionado políticamente, llevándose a sí mismos hacia una regresión histórica y desconociendo derechos y avances políticos, a los mexicanos todavía nos queda la opción de renovar los poderes mediante el ejercicio del derecho al voto.

Ante esa posibilidad, el oficialismo ya toma medidas: adelanta candidaturas y gastos de campaña en contra de las disposiciones legales, mientras trata de limitar el ejercicio de las libertades de expresión con un nuevo tipo de censura oficial.

¡Cuidado con esas estrategias! Hay que hacer una lectura muy precisa de la historia y de las consecuencias que esas acciones han tenido en otras realidades. Los habitantes de los países de Europa del Este creían que los esperaba al paraíso cuando se produjeron los cambios ocasionados por la caída del Muro de Berlín, en 1989. No hubo tal paraíso. Lo que siguió fue el desencanto y la frustración.

Octavio Paz afirmaría en aquella ocasión que la historia no deja de ser una caja de sorpresas.

Muchos mexicanos creyeron en las promesas de cambio real y en las transformaciones ofrecidas por Morena en 2018. Ahora, el desencanto es mayor que la satisfacción. Hay que cuidar con pinzas el derecho a votar. No habrá de otra.

bulmarop@gmail.com