El gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la extradición de 29 presuntos delincuentes a los Estados Unidos, quienes eran requeridos por delitos vinculados con el crimen organizado, tráfico de drogas, entre otros. La operación se llevó a cabo el 27 de febrero de 2025, bajo estrictos protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos de los extraditados.
Entre los extraditados se encuentran figuras de alto perfil dentro del narcotráfico, como Rafael Caro Quintero, conocido como el “Narco de Narcos”, y los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, y Óscar Omar Treviño Morales, alias Z-42, fundadores del temido grupo criminal Los Zetas. Además, también fueron entregados a las autoridades estadounidenses Vicente Carrillo Fuentes, conocido como “El Viceroy”, y Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Delitos que Motivaron la Extradición
Las 29 personas extraditadas enfrentan cargos en Estados Unidos relacionados con vínculos con organizaciones criminales, tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos graves. La FGR explicó que la extradición se realizó bajo la solicitud formal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y en apego a la ley mexicana y los derechos fundamentales de los individuos.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Rafael Caro Quintero, quien está acusado del asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. Caro Quintero, considerado uno de los más notorios capos del Cartel de Guadalajara, había intentado evitar su extradición mediante amparos y suspensiones judiciales, pero finalmente fue entregado a las autoridades estadounidenses.
Operativo y Controversia Legal
El traslado de los 29 delincuentes se realizó en un operativo de gran escala, que comenzó en las primeras horas del día en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México. A pesar de las suspensiones legales que algunos de los extraditados habían conseguido en tribunales mexicanos para retrasar su entrega, las autoridades mexicanas decidieron proceder con la extradición de acuerdo con las demandas de Estados Unidos.
Las autoridades mexicanas han subrayado que el proceso se llevó a cabo con absoluto respeto a los derechos humanos de los detenidos, siguiendo los protocolos establecidos en la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, la controversia sobre el respeto a los derechos de los extraditados, especialmente de figuras tan prominentes en el crimen organizado, sigue siendo un tema de debate en la opinión pública.
Contexto Político y Diplomático
Este evento se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, con el gobierno de Claudia Sheinbaum negociando medidas de seguridad en el marco de la posible aplicación de aranceles del 25% a productos mexicanos. La extradición de estos delincuentes de alto perfil podría verse como un paso hacia el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.
Con esta acción, el gobierno mexicano cumple con su compromiso de colaborar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, al tiempo que envía un mensaje de firmeza en la lucha contra la impunidad y el narcotráfico internacional.
Impacto y Repercusiones
La extradición de estos 29 capos del narcotráfico marca un hito importante en la cooperación entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado. No obstante, también plantea preguntas sobre el futuro de la justicia penal en México, especialmente en lo que respecta a la eficacia del sistema judicial y las leyes sobre extradición.
A medida que el caso sigue desarrollándose, las autoridades mexicanas seguirán de cerca los procesos legales en Estados Unidos, y la comunidad internacional estará atenta al impacto que este tipo de extradiciones pueda tener en la dinámica de la lucha contra el narcotráfico a nivel global.
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